La universidad como usina de futuro: balance crítico de un año de resistencia y lucha. Perspectivas para 2025
El 17 de diciembre el FAB tuvo su última reunión del año. Compartimos una lectura de lo que fue este 2024 y cómo visualizamos el 2025.
Las y los universitarios fuimos protagonistas de dos movilizaciones históricas en abril y en octubre de este año. Históricas por la masividad, por su carácter federal a lo largo y ancho de todo el país, y también por quienes participaron: una comunidad universitaria que en abril logró tejer lazos con quienes no forman parte de su cotidianeidad, y que en octubre abrazó el despertar del movimiento estudiantil.
En una sociedad desmovilizada fuimos uno de los pocos colectivos capaces de responder al sentido común individualista que hoy se instala como voz gubernamental, pero que viene tallando en la subjetividad social hace mucho.
El balance : un fin de año con un saldo crítico por varias razones.
La pérdida acumulada durante 2024 equivale a 3,6 salarios docentes o nodocentes. Para recuperar el poder adquisitivo que tenían en noviembre de 2023, deberían aumentar un 32%, y para recuperar su máximo histórico -registrado en agosto de 2015- el incremento debería ser del 90%. En cuanto al presupuesto universitario, registra la peor caída en los últimos 30 años, con un ajuste del 30% respecto de 2023, mientras que las becas para estudiantes cayeron un 68%.
Sabemos que sin la enorme movilización no hubiésemos logrado siquiera la actualización de los gastos de funcionamiento y la garantía salarial, y que los salarios hubiesen perdido aún más. Pero también sabemos que no hemos logrado torcer el rumbo del gobierno que continúa haciendo explícita su vocación de destruir la universidad pública mediante el desfinanciamiento y el desprestigio, llevándola a una muerte lenta, en cuotas. Porque la Universidad Pública es un obstáculo para construir un país para pocos, con una economía chica, reprimarizada, concentrada y extranjerizada, y con un Estado reducido al monopolio de la violencia legítima y garante de un único derecho: la propiedad privada.
Las organizaciones de trabajadores y trabajadoras también sufrimos embates de todo tipo. Por eso nos resulta importante señalar que si bien los sindicatos tuvimos una participación fundamental en las movilizaciones, fue la universidad como institución y como valor social la que se puso al frente para lograr el salto a la masividad. Los sindicatos que queremos volver a ser protagonistas de la vida política tenemos que partir de un diagnóstico certero sobre nuestro actual valor social, sobre nuestra representatividad (menguada, sin dudas, con las transformaciones del mundo del trabajo) y también sobre la imperiosa necesidad de imaginar nuevos repertorios de acción: ¿qué significa hoy luchar?
El carácter novedoso de este gobierno no reside en su programa económico, ni en su ideología ni en su discurso; sino en la forma en que estas tres dimensiones se articulan y el efecto que producen. Se duplicó la indigencia y el 40% de los salarios formales está bajo la línea de pobreza, el ajuste es inédito por la magnitud y la celeridad, y tanto la gestión económica como la figura del presidente siguen midiendo bien en todas las encuestas. Comprender este fenómeno es una tarea de todos los actores políticos con vocación de transformar nuestra realidad.
Recuperar lo importante
Tuvimos, sin embargo, logros importantes en este año agotador, de conflicto ininterrumpido, que sientan las bases para lo que viene. Destaquemos aquí la enorme capacidad de organización y movilización -en unidad- desplegada en todo el país, y los notables avances en la reconstrucción de nuestra comunidad educativa.
Las históricas Marchas Federales del 23 abril y el 2 octubre despejaron toda duda respecto del consenso mayoritario en torno de la educación superior, pública y gratuita como derecho que debe ser garantizado por el Estado. Logramos la actualización del presupuesto para gastos de funcionamiento, y mantener vivo el reclamo cuando el gobierno lo daba por terminado. Más aún, lo hicimos reinstalando la centralidad del trabajo docente y nodocente, la misión igualitaria del sistema público y su lugar estratégico para el desarrollo nacional. Logramos la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario, pero no se nos escapa que el veto presidencial buscó antes que el déficit cero, un enorme efecto disciplinador de la protesta social, que también encontró obturada la vía parlamentaria.
En este escenario es crucial fortalecer la organización colectiva de los gremios de base como herramienta central en la lucha por la defensa de los derechos laborales. Durante el 2024, las trabajadoras y los trabajadores docentes de las universidades fuimos denostados simbólica y salarialmente, enfrentando un menosprecio hacia nuestra labor cotidiana. Revertir esta situación requiere articular estrategias federales y territoriales que pongan en el centro el valor del trabajo docente, y recuperar la capacidad de incidir en las políticas públicas que garanticen condiciones dignas para quienes sostenemos día a día la educación universitaria.
¿Cómo nos preparamos para lo que viene?
El año que viene no será más sencillo que este. El gobierno nacional capitaliza el logro de una estabilidad que sabemos frágil, pero que resulta útil cuando sólo hay puro presente. El malestar social también se estabiliza, y es nuestra responsabilidad que no se torne un dato más del escenario social argentino. Las elecciones nacionales nos colocarán ante el desafío de sabernos actores políticos, distintos de los partidos pero necesariamente atravesados y unidos en la lucha contra las diversas expresiones que en cada territorio tiene el proyecto neoliberal/neocolonial.
Es inminente la tarea de confrontar con una agenda dirigida a dinamitar las columnas del modelo universitario: la gratuidad, la autonomía, su carácter irrestricto, inclusivo, federal y -fundamentalmente- el consenso en torno a la educación superior como derecho. Sin dudas volveremos a discutir colectivamente cómo se lucha contra esto, cuáles son las mejores formas de lograr nuestros objetivos. El FAB tiene el convencimiento de que para ello necesitamos -entre otras cosas- organizaciones sindicales capaces de representar la diversidad que existe en cada universidad y cada territorio; federaciones decididas a componer una articulación federal y democrática, y frentes con vocación de construir la unidad de abajo hacia arriba.
Aunque las certezas parecen escasear, podemos pararnos allí donde vemos terreno firme: la enorme confianza que la sociedad deposita en las universidades como instituciones capaces de cobijar y hacer realidad los sueños individuales y colectivos. Debemos trabajar para robustecer este consenso, expandiendo las razones que lo sustentan y dándoles visibilidad. Tenemos por delante la tarea de reconectar con las necesidades, problemas y aspiraciones de amplios sectores que son el eje de su misión democratizadora y sufren las políticas de ajuste. Nuestra mejor estrategia en defensa de la universidad pública es poner como bandera el derecho de nuestro pueblo a beneficiarse de lo que ella sabe, investiga y produce.
Tenemos que ser la universidad que este gobierno teme: una usina de futuro, capaz de prefigurar y proponer horizontes alternativos al de una sociedad regida por el lucro y el individualismo extremos. Esta tarea sólo es posible si debatimos con otros qué universidad necesita nuestro país, un debate donde no primen ni las jerarquías ni las disciplinas, sino un espacio común entre pares. La suerte de la universidad pública está atada a la de nuestro pueblo y que así sea es parte del futuro que queremos construir.
