El pasado miércoles 14 de agosto la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que busca declarar a la educación en sus niveles obligatorios como “servicios estratégicos esenciales”. Sin lugar a dudas, la educación debería ser esencial y estratégica para todo gobierno nacional y esto implicaría convocar la paritaria nacional docente para garantizar a la docencia de todo el país un piso salarial digno. Asimismo, debiera restituirse el FoNID, una conquista docente que se pagó ininterrumpidamente desde 1998, aún en las peores crisis del país. También deberían depositarse las cuotas adeudadas y actualizar el monto.
Creemos que si se piensa a la educación como esencial es necesario tener políticas nacionales tendientes a fortalecer los comedores escolares, destinar fondos a mejorar la infraestructura y construir nuevos edificios, preocuparse por la brecha digital y restablecer el Plan Conectar Igualdad, entre otras tantas cosas.
Pero la declaración de servicio esencial y estratégico persigue otros intereses. Por un lado, iguala la tarea docente con la responsabilidad de las actividades de emergencia como policías, bomberas/os, médicas/os, donde cualquier medida de fuerza debe estar acompañada de guardias mínimas en los lugares de trabajo. Esto busca impedirnos a docentes y trabajadoras/es de niveles educativos obligatorios hacer paro con suspensión de actividades, obligándonos a garantizar el servicio en un 30, 50 ó 75% de presencialidad.
Por otro lado, la idea de servicio que se presta a quien lo necesita o lo requiere, tiene que ver con entender a la educación como una mercancía y para nosotros la educación es un derecho que tienen todas las personas y como tal debe ser garantizado por el estado Nacional.
Desde el el Frente de Asociaciones de Base (FAB) reivindicamos el espíritu de la Ley N°26.206 de Educación Nacional y su mandato de inclusión, que define a la educación como un derecho social para todas/os y el conocimiento como bien público. En este marco reconocemos la esencialidad de la educación y la dimensión estratégica para el desarrollo del país.
