El 25 de octubre del 2022, desde el Frente de Asociaciones de Base de CONADU (FAB) hemos llevado a cabo un encuentro titulado “¿Qué pasa con el presupuesto 2023?” con la participación de Martin Mangas (economista y docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento). En la misma han participado tanto integrantes de las comisiones directivas de los gremios de base del FAB como afiliados. El objetivo fue analizar la propuesta de Presupuesto Nacional que se estaba por tratar en el Congreso Nacional (el cual obtuvo media sanción el 26 de octubre en la Cámara de Diputados). En este documento podrán leer los puntos más relevantes del encuentro (más allá de que algunos aspectos pudieron ser modificados en la cámara baja del Congreso).
La exposición estuvo dividida en dos grandes partes, una primera parte en el cual se analizó la propuesta de presupuesto en términos agregados y una segunda parte en la cual se analizaron los aspectos puntuales que hacen al sistema universitario.
El presupuesto en términos agregados
El Presupuesto Nacional se encuentra compuesto por distintas partes, una de ellas tiene que ver con el diagnóstico y proyección de la economía, el cual generará el hipotético escenario (en base a supuestos macroeconómicos) al momento de identificar, por un lado, las fuentes de recaudación y, por otro, las distintas erogaciones. En este sentido, el análisis del presupuesto del año 2023 hay que considerarlo en un marco en el cual existe un alto grado de fragilidad externa por la escasez de las reservas internacionales en el BCRA, sumado a un escenario de alta inflación, y, por otro lado, no menos importante, las restricciones que impone el acuerdo con el FMI. Este contexto puede ser entendido como una herencia macrista combinada con los resultados de una política económica muy moderada del gobierno del Frente de Todos.
En lo que comprende a los supuestos macroeconómicos del presupuesto, se espera un bajo crecimiento del PBI (2% en 2023). Se estima un ascenso de las exportaciones y una proyección muy baja de importaciones, que darán un superávit comercial de alrededor de 12.500 millones de dólares. Eso per se no garantiza nada, como quedó demostrado en estos casi tres años, donde el excedente comercial de más de 32.000 millones de dólares no permitió acumular reservas, ya que se utilizaron, entre otras cosas, para cubrir los vencimientos de la deuda pública y facilitar el acceso a divisas para que las empresas privadas cancelen los empréstitos otorgados durante el macrismo.
En este escenario, desde el punto de vista fiscal la propuesta de presupuesto muestra un ajuste “moderado”. Esto se debe a que se estima que en 2023 la reducción del gasto primario en precios constantes alcanzará el 3,7%. Si bien es un guarismo relevante, está lejos del “mega ajuste” de 2018-2019, cuando esa merma se ubicó en -8,9% y -10,7%, respectivamente.
El acuerdo con el FMI es un condicionante para la propuesta de presupuesto, como se explicó anteriormente. Desde el punto de vista de las cuentas públicas, el proyecto de presupuesto se compromete a cumplir las metas de dicho acuerdo con el FMI, que establecen un déficit primario del sector público nacional del 2,5% del PIB en 2022 y del 1,9% en 2023.
Para cumplir esta meta, entre los recortes del sector público nacional resalta la contracción del gasto en transferencias corrientes (a las provincias), el déficit de las empresas públicas (corregida parcialmente en el tratamiento y debate en la Cámara de Diputados), y en las compras de bienes y servicios. En este sentido, el gasto de capital (principalmente en obra pública), se ubicaría en 1,6% del PIB. Ello es similar a 2022, y alrededor de medio punto mayor a lo sucedido entre 2018 y 2020, cuando fluctuó en torno al 1% y 1,4% del PIB. Si se lo contrasta con períodos de mayores erogaciones en el gasto de capital, se advierte que el nivel de 1,6% del PIB esperado para 2023 es poco más de punto menor al de 2015 (2,7% del PIB).
Respecto a la administración pública nacional, se observa un fuerte recorte en los servicios económicos (-12,1%), con énfasis en energía, combustible y minería (-12,7%) y transporte (-12,8%). Se trata de los sectores que concentran el 88% de los recursos orientados a los “subsidios” económicos. Casi todos los ministerios, salvo el de Interior, por el gasto que representa el proceso electoral, afrontan un recorte en sus gastos medidos en precios constantes durante 2023. Las dependencias más perjudicadas son el Ministerio de Turismo y Deportes (-21,9%), el Ministerio de Economía (-16,5%), el Ministerio de Salud (-14,8%) y el Ministerio de Transporte (-12,8%).
Por el lado de los ingresos, hay un aspecto novedoso del presupuesto 2023: plantea la necesidad de avanzar sobre los denominados gastos tributarios (son aquellos ingresos fiscales que se dejan de percibir por exenciones impositivas o regímenes de promoción económica), para alcanzar una mayor robustez en las cuentas públicas.
Se estima en el presupuesto que estos gastos representarán el 2,49% del PIB en 2023, destacándose, por lo extremadamente injusta la exención al impuesto a las Ganancias de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, cuyo privilegio sería de unos $237.850 millones, equivalente al presupuesto de todas las UUNN del AMBA (incluye a las del Conurbano, la UBA y La Plata). Este artículo del Presupuesto no fue aprobado cuando se pasó a la votación en particular.
Para terminar esta primera parte, el diputado nacional del PRO Luciano Laspina, economista de perfil ortodoxo y de cabecera de Patricia Bullrich, dijo hace algunos días atrás, lo siguiente: “Es el primer presupuesto kirchnerista en 20 años que presenta un recorte en el gasto…celebro que sea el kirchnerismo el que haya tomado ese camino, que haya un reconocimiento explícito que este nivel de gastos es insostenible y que hay que empezar a corregirlo”.
Respecto al Sistema Universitario
En función de lo explicado respecto al presupuesto en términos agregados, es de presuponer que lo propuesto para las Universidades Nacionales no es algo auspicioso. Si bien no se podía esperar en el gobierno del Frente de Todos, con los condicionantes que dejó el macrismo y las restricciones propias de la pandemia, que el gasto en educación superior creciera en relación con el PBI un 60% como sucedió durante los tres gobiernos kirchneristas (2003-2015), tampoco imaginábamos que iba a estar en valores similares a los años de la presidencia de Mauricio Macri.
En primer lugar, un panorama respecto a las partidas destinadas al sistema universitario desde el presupuesto nacional. En función del último dato disponible de la Cuenta de Inversión de la Contaduría General de la Nación, del año 2020, más del 86% del presupuesto universitario se destina a salarios. Según los datos de distintos observatorios del salario de los gremios de base de docentes universitarios, es necesario una recomposición del 41% (aproximadamente) para recuperar el poder adquisitivo de diciembre del 2015. En este sentido, si los salarios de las y los trabajadores del conjunto de las universidades no perciben una recomposición en términos reales, no es de esperar que el presupuesto del sistema universitario crezca de manera significativa.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), como lo hace todos los años, armó lo que se conoce como presupuesto “normativo”, que es con el que deben funcionar las actividades referidas a la docencia, investigación, salud y extensión de las casas de altos estudios. El valor que estimó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) necesario para 2023 es de 892 mil millones de pesos. Como pasa casi todos los años, el Ejecutivo elevo al Parlamento un valor que es un 15% menos (752 mil millones de pesos).
Dentro de esos 752 mil millones de pesos, están los diferentes programas que tiene a cargo la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, que totalizan poco más de 52 mil millones de pesos, por lo tanto, los otros 700 mil millones de pesos se distribuyen entre las 57 universidades nacionales.
El promedio de incremento que recibirán las casas de altos estudios está en línea con la inflación proyectada este año, y como casi siempre hay universidades “ganadoras” y “perdedoras”. Entre las ganadoras, que reciben un incremento muy superior al promedio están las universidades nacionales del Oeste, Areco, Brown, Hurlingham, de la Defensa, Noroeste, Moreno, Chaco Austral y San Martín. Y entre las “perdedoras” (en algunos casos ni siquiera el aumento cubre la inflación de este año), están la Pedagógica, Formosa, Tres de Febrero, Scalabrini Ortiz y Villa Mercedes.
Por último, como pasa todos los años, el presupuesto universitario no sólo se juega en el proceso de aprobación parlamentaria, sino que será aún más decisivo que eso, lo que suceda el año que viene con los menguados salarios docentes y no docentes que son los que realmente mueven la aguja del presupuesto de las universidades nacionales.
